Cuando Jorge
Mario Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, el Congreso argentino aprobó el
matrimonio igualitario, mediante el cual reconoció los mismos derechos legales
a las parejas heterosexuales y del mismo sexo. Argentina fue vanguardia en la
región en ese tema.
Posteriormente, Bergoglio fue electo Papa. O sea que, la
decisión de los legisladores argentinos de aprobar el matrimonio igualitario no
resultó en una penalización para que Bergoglio accediera al papado. Hoy,
Francisco está en el Vaticano y Argentina existe con mayores derechos civiles.
La semana
pasada, la Cámara de Diputados argentina debatió la despenalización del aborto
sin causales en las primeras 14 semanas (en Argentina se permite la
interrupción por causales desde hace mucho tiempo). Después de grandes
movilizaciones sociales a favor de la despenalización sin causales, una mayoría
de los diputados votó a favor de la despenalización. El proyecto irá al Senado donde
se espera otra batalla.
A pesar de
ese voto favorable a la despenalización de los diputados argentinos, al Papa
Francisco no lo han destituido de su cargo, y Argentina sigue siendo Argentina.
Como también Irlanda (la católica) sigue siendo Irlanda después que más del 60%
de la ciudadanía votó hace varias semanas a favor de modificar un artículo de
la Constitución que impide la despenalización del aborto.
El punto
central es este: aunque las iglesias tienen absoluto derecho a expresar sus
ideas y exigir a sus feligreses el cumplimiento de mandatos religiosos, los
legisladores en una sociedad democrática no están para el proselitismo
religioso. Su función es legislar para toda la ciudadanía.
Independientemente
de las posiciones ideológicas, a la que todo el mundo tiene derecho, la
diferencia entre penalizar todo tipo de aborto y despenalizarlo (ya sea por
causales, o sin causales durante las primeras semanas del embarazo) es que, si
se penaliza totalmente, ninguna mujer tiene opción de interrumpir un embarazo
no importa cuán adversas sean las circunstancias. Si se despenaliza, ninguna
mujer está obligada ahacerse un aborto.
Cuando en un
país se prohíbe totalmente el aborto, como en la República Dominicana, todas
las mujeres están condenadas a mantener un embarazo, inclusive cuando el
embarazo es producto de una violación o incesto, o cuando peligra la salud de
la mujer. Imponer esa obligatoriedad a las mujeres es antidemocrático.
Los
políticos dominicanos se han caracterizado históricamente por desdeñar al pueblo,
y sobre todo a las mujeres. Por eso los legisladores dominicanos siguen
intentando, aún en pleno siglo 21, restringir los derechos de las mujeres con
una desfachatez vergonzosa. Y para colmo, se escudan en el chantaje de algunos
jerarcas religiosos para justificarse.
Ninguna
religión es paraíso para las mujeres. Miren las prácticas del judaísmo, el
cristianismo y el islam. Las mujeres son seres secundarios, inferiores, aunque
constituyen la inmensa mayoría de la feligresía.
Sería
fabuloso si las religiones cambiaran,si llegaran a practicar la igualdad entre
los hombres y las mujeres. Pero mientras eso llega, y como podría tardar
muchísimo, los legisladores y gobernantes deben entender que su función es
laica, no religiosa; que su función es hacer las leyes que establezcan derechos
y responsabilidades, no pecados; que su función es legislar y gobernar para
toda la población, no para un segmento por grande y poderoso que sea.
Corresponde
al Estado, no a las religiones, permitir que las mujeres decidan si continúan o
no con un embarazo y establecer las condiciones. ¡Entiéndanlo bien legisladores
dominicanos! Engaveten los cucos religiosos y el oportunismo político en que se
cobijan para abusar de las mujeres.
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