Randy Arias Rodríguez, quien se identificó como primo hermano del fallecido, aseguró que la muerte del agente ha provocado gran consternación entre sus allegados, debido a que, según afirmó, se trataba de un profesional ejemplar, sin problemas económicos, familiares o de salud mental.

“Fue una tragedia para toda la familia. Era un muchacho muy capacitado, muy respetado dentro de la institución. Nunca tuvo problemas con nadie”, expresó.

Según relató, horas antes de su muerte el oficial mantenía una comunicación normal con sus familiares e incluso reaccionó a un video enviado por su madre en el que aparecían sus hijos compartiendo en una piscina.

Tras sobrevuelos de drones, unidades de la Dirección Nacional de Control de Drogas, miembros del Ministerio Público y el servicio de inteligencia localizaron un cultivo e intervinieron una vivienda usada como centro de acopio.

El operativo, que se ejecutó durante tres días, también permitió el decomiso de herramientas e insumos utilizados para la producción, secado, dosificación y distribución del vegetal, detalló la DNCD en un comunicado.

Hasta el momento han sido interrogadas más de diez personas, entre dominicanos y haitianos.

Según la DNCD, el caso estaría vinculado al desmantelamiento previo de otra plantación de más de 3,000 plantas en la misma zona, hecho por el que tres hombres permanecen en prisión.

“Este gran golpe constituye la mayor incautación de este tipo en la historia de la República Dominicana, marcando un hito sin precedentes en el combate a las redes del narcotráfico en el país”, destacaron las autoridades.

Los equipos de seguridad mantienen presencia en el área para recabar nuevas pruebas. Las plantas incautadas fueron enviadas bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar su peso total.

La intervención ocurre en el contexto de la Operación Lanza del Sur, iniciativa de EE.UU. para combatir el narcotráfico en Latinoamérica

La acción judicial busca suspender provisionalmente el artículo décimo tercero de la Resolución 14-2026 de la JCE, que establece el reglamento para el registro de firmas encuestadoras y la difusión de sondeos electorales. Según la instancia, esa norma crea una prohibición "general" no contemplada en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral.  

El recurso fue presentado por el abogado Harrison Féliz, en representación de Justicia Sin Fronteras, Inc., organización que sostiene que la disposición vulnera la libertad de expresión, el derecho ciudadano a recibir información política y el pluralismo democrático.  

En el documento, los accionantes argumentan que la aplicación inmediata del reglamento podría provocar "autocensura" en medios de comunicación, analistas y firmas encuestadoras, además de restringir el debate público.  

La demanda invoca además dos conceptos jurídicos en latín. El primero es periculum in mora, que significa "peligro en la demora". En términos simples, se refiere al riesgo de que, mientras el tribunal decide el fondo del caso, se produzcan daños irreparables. En este caso, alegan que la permanencia del reglamento podría afectar de manera inmediata el flujo de información política.  

El segundo latinajo es fumus boni iuris, traducido como "apariencia de buen derecho". Esa expresión se utiliza para indicar que la demanda tiene fundamentos jurídicos plausibles y no es una reclamación arbitraria. Los demandantes sostienen que la JCE excedió su potestad reglamentaria al imponer restricciones que, según afirman, no están previstas expresamente en la ley electoral.  

La instancia pide al TSE ordenar la suspensión cautelar inmediata del artículo impugnado y prohibir temporalmente que la JCE imponga sanciones derivadas de esa disposición hasta que se emita una sentencia definitiva.

¿Por qué el TSE?

La acción fue presentada ante el TSE debido a que la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral otorga a esa alta corte competencia para conocer impugnaciones contra resoluciones de la JCE relacionadas con actos administrativos de contenido electoral.

El artículo 334 de esa legislación establece que el TSE puede conocer recursos contra resoluciones de la JCE vinculadas a medidas cautelares, sanciones administrativas electorales y "cualquier otro acto electoral o acto administrativo de contenido electoral" que afecte derechos político-electorales.

La organización Justicia Sin Fronteras sostiene que la resolución impugnada afecta derechos vinculados a la libertad de expresión, el acceso a la información política y el debate democrático, por lo que entiende que corresponde al TSE examinar la legalidad del reglamento aprobado por la JCE.

Al ofrecer declaraciones a los medios, el profesional del derecho respaldó la medida del tribunal al asegurar que existen elementos probatorios suficientes que justifican el envío a prisión del imputado. Santana reveló además que, según informes de la propia fiscalía, González es una persona «recurrente en agresiones» y con un historial de conducta violenta.

Asimismo, el jurista adelantó que la parte querellante buscará incorporar el cargo de asociación de malhechores en las próximas etapas del proceso judicial. Esto se debe a que, de acuerdo con sus explicaciones, una segunda persona que presuntamente participó en el incidente se encuentra actualmente prófuga de la justicia.