Afirman aportaron sus tierras para la construcción de la presa, denominada como el “metro del Suroeste”, dada su importancia para la región, pero entienden las familias que apenas dependen de sus pequeñas parcelas para conseguir el sustento de la familia no deben resultar en su perjuicio.
En ese sentido, las 460 familias exigen cumplimiento al Gobierno de su palabra empeñada, así como con los compromisos pautados con ellos, incluyendo entrega a cada una de ellas (familias) 30 tareas con agua para riego y terminación del centro poblado; que aseguran debió ocurrir hace cinco meses, antes del 25 de enero, fecha de inauguración de la construido hasta ahora de la obra.
En rueda de prensa frente a la Gobernación Provincial de Azua, organizaciones comunitarias que acompañan a las familias en su lucha, se sentirse “engañadas” por el gobierno, porque las tierras con las que se sustentaban de su producción, quedaron inundadas.
“Llamamos al presidente Luis Abinader a ordenar una solución urgente al problema, así como a autoridades de Azua, a cumplir su responsabilidad de representar y gestionar solución a las necesidades de nuestras comunidades. Nosotros aportamos nuestras tierras para construir la presa, que ofrecerá buenos servicios al país; pero no debe ser en perjuicio nuestro”, afirman.
Violentan acuerdos
Acusan, asimismo, al gobierno y a las autoridades de violentar más los acuerdos firmados, en forma oral, con los comunitarios, incluyendo el último realizado el pasado 24 de abril en el Palacio Nacional, en reunión encabezada por el ministro de la Presidencia, Joel Santos.
Recordó que ese último acuerdo el Gobierno del presidente Abinader se comprometió a resolver todos y cada uno los problemas, a realizar un segundo encuentro en la semana siguiente y nada ha ocurrido como acordaron.
“Han transcurrido dos meses en los que las autoridades han cambiado de motus proprio las fechas reiteradamente o simplemente han dejado plantadas a las familias y comunitarios”, dicen comunitarios y familias afectadas con la construcción del “metro del Suroeste”.
Están convencidos de que con las reuniones en Palacio Nacional las autoridades sólo buscaban detener los reclamos durante la campaña electoral para no afectar al partido oficialista, “porque después de las elecciones han actuado con indiferencia y no han dado continuidad a las reuniones pendientes”.
Anuncian plan de lucha
Tanto las familias afectadas por la construcción de la presa de Monte Grande, como las organizaciones comunitarias, anunciaron que a partir de ahora estarán en acción permanente y desarrollarán un plan de lucha que no se detendrá hasta tanto el gobierno cumpla con todos los acuerdos firmados, algunos de los cuales han tenido a la Iglesia Católica como testigo.
“Nuestras familias pasan miseria y desesperación; pero a la vez sentimos una gran indignación y conscientes de los derechos que nos asisten, elevamos nuestro espíritu y en el día de hoy empezamos un plan de lucha que cuenta con el apoyo y la solidaridad de organizaciones campesinas y del movimiento popular de la región sur y el país”, expresaron.
Promesas incumplidas
Entre los acuerdos hechos por el gobierno están: un asentamiento agrícola con 30 tareas con riego para cada familia afectada en Monte Grande, Los Güiros, La Meseta, San Simón y Hato Nuevo; pensiones dignas para envejecientes y personas que viven con algún tipo de discapacidad.
También, pago de subsidios mientras se concretiza la entrega de la tierra; instalación de una cocina móvil hasta que se construya un comedor económico y el pago de las deudas pendientes por desbroce de cultivos y de otros expedientes por deudas que están en los tribunales.
De igual manera, el gobierno se comprometió en terminar y construir una serie de obras: el Centro Comunal o Multiuso; el mercado, el cementerio, una funeraria municipal, un parque, un campo de béisbol, una cancha de baloncesto, dos iglesias, una policlínica, alcantarillados sanitario y pluvial; un acueducto, impermeabilización de techos en viviendas, arborización y finalizar la carretera.
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