«Valoramos la atención que la vicepresidencia ha dado a nuestras denuncias, pero lamentamos que esta respuesta sea simplemente negar la evidencia. La responsabilidad estatal por los hechos que hemos constatado con testimonios, estadísticas e imágenes es innegable. Resistirse al escrutinio público no solo socava la confianza en el Gobierno, sino que también perjudica a todas las personas que el Estado debe respetar y proteger», afirmó AI en un comunicado.
La directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, instó de nuevo al Gobierno dominicano a promover un cambio positivo en su política migratoria, asumiendo responsabilidad y corrigiendo prácticas y políticas racistas que violan los derechos humanos.
«Esto incluye el respeto a las obligaciones internacionales del Estado y su gobierno en materia de protección internacional y el cumplimiento del reglamento de la ley migratoria dominicana que prohíbe la deportación de mujeres embarazadas y de menores de edad», abundó Piquer.
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