En un documento anexo el espacio de coordinación de los movimientos sociales dominicanos, detalló un listado de 29 actividades en diferentes regiones y provincias del país, las cuales serán desarrolladas por diferentes organizaciones sociales a lo largo de este miércoles 6 de noviembre.
En el texto se enumeran cacerolazos, vigilias, paradas, concentraciones, encendidos de velas, jornadas de oraciones, jengibres populares y otras actividades para reclamar que el Estado y el gobierno cumplan sus compromisos con las comunidades y sectores movilizados por sus derechos sociales y ambientales.
En el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo se realizaran varias movilizaciones, entre ellas una parada frente al Ministerio de Trabajo contra lo que han denominado contra reforma laboral, en defensa de la liberta sindical y el cumplimiento de los acuerdos con la ADP y otras demandas.
También, en la zona metropolitana hay concentraciones, vigilias y encendido de velas por el respeto a los derechos humanos de los moradores de los barrios, por vivienda digna y cero desalojos.
En las regiones Sur, Norte y Monte Plata, los cacerolazos, concentraciones y encendidos de velas exigen que el gobierno cumpla varios acuerdos firmados con comunidades en Monte Grande, Barahoruco, San Francisco de Macorís, Navarrete, Santiago.
También, la terminación del contrato de arrendamiento del Ingenio Barahona con el Consorcio Azucarero Central (CAC) y la detención de las explotaciones mineras que afectan el medio ambiente, como el Proyecto Romero en San Juan y otros en la Cordillera Central y la Sierra de Bahoruco, en Cotui, Bonao, Yamasá y otras comunidades.
En el Seibo se realizará un encendido de velas para exigir la restitución plena de la nacionalidad de todos los dominicanos de ascendencia haitiana, también otras movilizaciones en la Región Este y comunidades del Gran Santo Domingo exigen respeto para los trabajadores migrantes, así como los derechos de las mujeres.
Frente al Ayuntamiento de Bani habrá una vigilia contra la contaminación y lo que consideran las organizaciones que ha sido la corrupción, complicidad e impunidad en el Proyecto Punta Catalina.
De igual modo en el Congreso Nacional se entregaran comunicaciones rechazando el acuerdo de delimitación marítima con Holanda y en el Tribunal Superior Administrativa (TSA) se mantiene la demanda de las organizaciones socio ambientales para que se reconozca al Rio Ozama como sujeto de derecho.
Finamente la Coordinadora Popular Nacional, reiteró su rechazo a lo que llaman programa de contra reformas y políticas elitistas para eternizar privilegios para los ricos, que mantiene el gobierno de Luis Abinader y afirmó que las movilizaciones populares continuaran, hasta que exista un real cambio de rumbo en el país a favor de los sectores populares y las mayorías nacionales.
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