Código penal convertido en ley por el senado

Con una votación de 26 senadores de 27 presentes el Pleno del Senado, conoció la propuesta legislativa que se mantuvo en estudio durante más de 25 años en el Congreso Nacional, informó el Senado en un comunicado de prensa.

En los trabajos los senadores agotaron varios turnos de ponencia donde valoraron la gran labor realizada por diputados y senadores, así como de los miembros de la Comisión Bicameral que tuvo a su cargo el estudio de la pieza, así como de asesores y diferentes especialistas.

La pieza, destaca las tipificaciones que serían adicionadas como el terrorismo, sicariato, genocidio; infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad; desaparición forzada de personas; feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida; inducción al suicidio, cooperación al suicidio; daños con sustancias químicas (ácido del diablo), entre otras, así como la acumulación de penas.

Esta propuesta legislativa fue presentada al Pleno por los senadores Ramón Rogelio Genao, Alexis Victoria, Félix Bautista, Cristóbal Venerado Castillo, Jonhson Encarnación, Moisés Ayala Pérez, Guillermo Lama y Odalis Rodríguez.

Esta reforma al Código Penal, que constituye una transformación estructural no solo de la ley, sino, del entendimiento propio del sistema penal dominicano; contiene novedades como el que destaca el artículo 52, en el que se señala que el límite de la pena aplicable en el concurso de infracciones muy graves que conlleven penas de la misma naturaleza no podrá ser en ningún caso superior a sesenta años de prisión.

Además, esta propuesta castiga el atentado imprudente contra la vida; responsabilidad de persona jurídica por atentado culposo contra la vida; bullying, bullying agravado; operaciones comerciales con niños y adolescentes. Al igual que responsabilidades de persona jurídica que provocan incapacidades con más de 60 días, entre otras de gran importancia para los dominicanos y el Sistema de Justicia en general.

Sectores diversos se han pronunciado en contra del proyecto aprobado por considerarlo atrasado y violatorio de derechos fundamentales.