Excelente idea.

Presentan propuesta de ley que busca la protección de los testigos

SANTO DOMINGO, 13 Octubre 2011.-Un experto en Derecho Penal, John Garrido dijo que el país no tiene una ley de protección a los sujetos del proceso penal. Esa protección resulta imprescindible para aquellos ciudadanos que prestan colaboración con la administración de justicia, y cuyo aporte es esencial para evitar la impunidad y garantizar una recta aplicación de las leyes.

John Garrido, entiende que las victimas y testigo de un hecho penal y el propio imputado son blancos para hacerlo desaparecer físicamente. El Estado deberá proteger estas personas de esas amenazas y ofrecerles el auxilio en caso de riesgos personales.




"En los momentos actuales en el país se registran numerosas amenazas e intento de muertes tantos a víctimas, testigos e imputados que se encuentran como partes de los procesos penales que se encuentran en los tribunales judiciales."



Entiende Garrido que el propósito de hacer desaparecer a un testigo o a la propia victimas es con la finalidad de que no declare ante los representantes del Ministerio Publico o ante un juez penal.



Sostiene el especialista en temas penales que la amenaza tanto a la víctima como al testigo de un hecho penal hace que estos sujetos del proceso se retiren del proceso por temor a su vida y la de sus familiares, al tiempo que dicha actuación posibilita la impunidad del delito.



Los sujetos procesales que intervienen en el proceso penal son pieza clave para realizar los fines del derecho penal y en ocasiones la víctima o el testigo que vieron u observaron un hecho penal son constantemente amenazados o intimidados tanto por el imputado como los familiares del imputado con el propósito de que se abstengan de declarar durante la fase del proceso penal.



Indica john garrido que es urgente que se cree como existe en otros países un Programa de Acompañamiento y Protección a testigos y Víctimas en procesos penales, con la clara decisión política de respetar, acompañar, asistir y proteger a estas personas, adoptando las medidas preventivas para reducir su vulnerabilidad y minimizar los riesgos a los cuales están expuestas por su actuación dentro del proceso penal.



Esta ley deberá comprender e implementar medidas destinadas a prevenir cualquier forma de agresión, hostigamiento e intimidación directa o indirecta a las personas que intervengan o colaboren en las causas penales.