Un mentado Consejo Asesor Presidencial de Hipólito Mejía ha intimado a los jueces de la Junta Central Electoral (JCE) a que cesen en sus funciones hasta tanto el Consejo Nacional de la Magistratura designe a los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), lo que constituye un disparate jurídico y una locura política que parece liquidar toda posibilidad de unidad en el PRD.Ese órgano, sin ninguna calidad legal para hablar u obrar a nombre del partido blanco y sin que sus integrantes cumplieran con el protocolo jurídico para agenciarse de un poder especial que les permita representar ante los tribunales a Hipólito Mejía, ha cavado desde ya la tumba electoral de la candidatura perredista.
A nadie en su sano juicio de le ocurre, no sin mostrar demencia política y jurídica, reclamar que en medio de un proceso electoral cesen los jueces de la JCE designados por el Senado de la República hace más de un ano, invocando un dispositivo transitorio de la Constitución sin mayor rango que el artículo de la Carta Magna que despojó a esa instituciones de sus prerrogativas contenciosas.
Los mismos dirigentes que negaron al ingeniero Miguel Vargas Maldonado su derecho constitucional a reclamar revisión de los votos emitidos en una cuestionada convención perredeista, pretenden ahora enarbolar la Carta Magna para provocar un caos institucional y una gran crisis política.
Con mucha sensatez, el presidente del PRD ha descalificado a esa gente a actuar a nombre de cualquier instancia de esa organización, más aun cuando la intención mal disimulada al emprender esa locura es también propinar un golpe de estado contra las autoridades legítimas del partido blanco.
El Senado de la República actuó conforme a la Constitución al designar los nuevos jueces de la JCE, toda vez que corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura escoger los jueces del TSE, sin que la carta Magna, ley o reglamente le fije plazo alguno, por lo que se parte del principio de separación de poderes y del criterio constitucional de que la JCE, instituida en 1923, debe operar con legitimidad y legalidad.
Es claro que ante el derrumbe electoral de la candidatura electoral del PRD, el sector delirante que la impulsa ha decidido emprender el camino de la insurrección jurídica en el deseo de que aquí se provoque un caos institucional que genere una crisis política de consecuencias imprevisibles.
Por ventura para la República y su democracia, la dirección del PRD ha dado muestras fehacientes de sensatez, apego a la ley, vocación de concertación y respeto a la voluntad popular, por lo que el sector que promueve ese despropósito tendrá como castigo la repulsa pública y obviamente, una derrota electoral aun más contundente de lo previsto.
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