
El secuestro
es definido como el acto por el que se le priva de libertad de forma ilegal a una persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo
determinado, y con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito político, económico o
mediático.
En
nuestro país este acto está estipulado y castigado a través de la Ley 583, en
la cual se evidencian las penas a que podrán ser sometidos los imputados, de
acuerdo a las circunstancias se que se deriven del hecho en cuestión.
Pero auto
secuestrarse no sería más que simular un secuestro de su propia persona para
buscar u obtener un beneficio para quien lo realiza o hace y sus acompañantes,
en caso de que esté este confabulado con otras persona, según definiciones
encontradas.
Las últimas acciones presentadas y
calificadas en los medios como tal, tras ver estos análisis, la propia ley y calificaciones en los tribunales, vemos que
tales acciones se van más hacia la estafa, el robo y la asociación de malhechores,
puesto que auto secuestrase no es una calificación jurídica de un hecho o de
los hechos presentados en los medios.
Pero no es crear jurisprudencia que buscamos,
más bien es hacer algunas consideraciones que sobre algunos hechos calificados
como tal entendemos se deben tomas en cuenta.
Recientemente quedamos todos asombrados cuando
salió la noticia de un secuestro en Barahona. Dios llego esto hasta aquí? Locales
se preguntaban hasta donde hemos llegados. Mas se trato de una situación familiar
que violento el orden público. Una estafa o una extorsión que a todos nos preocupo y que luego se
califico en los medios como un auto secuestro. Pero más que eso, una situación que
puso en marcha todos los estamentos investigativo del Estado en esta provincia
y mas allá.
Medios de transporte, personal investigativo calificados,
tanto policial como del Ministerio Publico puesto en marcha a hacer las
investigaciones. En fin gasto de logística. Logística podría ver haber sido utilizada en tantos
hechos sucedidos en nuestra provincia, y que aun mucho están sin resolver.
Tiempo y recursos que el Estado no podrá recuperar
por no existir una legislación que, en los casos que como este, se prevea que
quien ponga la acción pública en
movimiento, ya sea al Ministerio Publico o a la misma policía, sin existir una
real violación al orden Publico o la
buena costumbre, sea responsable de cubrir los gastos en que estos incurran,
tras el llamado a cubrir e investigar una situación cualquiera.
El Estado es el garante de todos, de nuestra
paz, de nuestra tranquilidad, pero creemos, también, que a este debemos de
fundamentarlo devolviéndole cuando todos necesitamos. Por ellos llamamos a
nuestro legisladores a ver con preocupación este tipos de acciones, que quien
incurra en un hecho de esta naturaleza debe ser multado y que no se quede en un
hecho meramente familiar, después de haber gastado tanto para investigar, para
esclarecer una situación como esta y entonces concluir en un simple jalón de
oreja.
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