El Procurador busca desacreditarlo como legislador

Félix Bautista se defiende “como gato bocarriba”

El senador peledeísta Félix Bautista, acusó este miércoles al Procurador General de la República, de mantener una cruel persecución política sólo porque le negó respaldo en sus aspiraciones dentro del PLD.

El legislador del PLD, habló en la sesión, y atribuyó las informaciones publicadas en los medios de comunicación contra la inmobiliaria Rofy “a una campaña del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, para desacreditarlo como legislador”.

“Tras la campaña electoral del 2013 en mi contra, el PRD ha iniciado una campaña descarada, visceral y cruel, que he enfrentado, y en marzo del 2012, solicité al entonces Procurador de la República, a la Contraloría, a la Cámara de Cuentas, y al Codia, realizar auditorías a todos mis bienes y propiedades”, explicó.

“Porqué digo persecución política, porque él no puede pretender que un archivo definitivo, que adquirió la cosa de la autoridad irrevocablemente juzgada desde el punto de vista penal, se abra de nuevo. Así comenzó solicitando a la Suprema Corte de Justicia, una apertura de un archivo concluyente, pero aún más, en reiterada ocasiones el Procurador ha dicho que yo soy culpable. El, ha emitido su propia sentencia sin que haya intervenido un juez.

Expresó que el 3 de julio del 2013, pidió al hemiciclo que realizara una investigación, e hizo lo mismo a la Cámara de Diputados, la cual realizó una amplia investigación, en la que no se encontró una sola prueba, luego que él entrega miles de páginas.

Censuró que el Procurador en violación a la ley ha puesto notas de advertencia a una empresa donde él es accionista. “Esa no son de mi propiedad, son de una empresa en la que soy socio. Y no fue un embargo, sino una nota de advertencia, y la inmovilizaría Rofi no tiene villas en Casa de Campo, ni fábricas ni muchos menos la construido”.

Aclaró que el informe sobre los 340 apartamentos, que construye la inmobiliaria Rofy en Santiago, falso porque sólo allí ha construido 9 edificios, de ocho apartamentos, es decir 72 apartamentos.

Apuntó que la inmobiliaria Rofi en doce años sólo ha construido tres edificios.

“Cuáles son las motivaciones que ha tenido el Procurador para mantener una persecución política en mi contra?, se preguntó Félix Bautista.

En seguida explicó que “son esencialmente de carácter política. En el año 2006, Domínguez Brito ganó la Senaduría de Santiago. Y en el 2010 se presentó la disyuntiva de que si él se presentaba el senador Julio César Valentín le ganaría en el proceso interno, como la ganó, porque é dijo que no iba aspirar.

Acotó que en la Casa de Santos Español, Domínguez Brito en una reunión le pidió que lo apoyará porque quería ganarle a los demás pre candidatos presidenciales, y le respondió no podía porque era parte de la organización del proceso interno, y les planteó que “pero tú por debajo puedes decirle a los compañeros que me apoyen.

Puntualizó que después igual le pidió cuando aspiraba a la vicepresidencia, “pero yo había expresado que Margarita Cedeño de Fernández debía acompañar a Danilo Medina, y eso él lo vio como un obstáculo para sus aspiraciones y no me lo perdona”.

“En nada de esta persecución tiene que ver el presidente Danilo Medina, es un asunto personal de Domínguez Brito, que actúa por sí solo, “pero “estoy dispuesto a ir a cualquier instancia, a someterme a cualquier escrutinio, como siempre lo he hecho y eso sigo esperando”.

La noticia

Este miércoles, medios locales publicación la noticia que daba cuenta que la Procuraduría General de la República embargó numerosos bienes inmuebles propiedad de la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L, de la que el senador Félix Bautista es el principal accionista, y en la que también participan terceros adquirientes.

Dice que las oposiciones inscritas a solicitud del procurador Francisco Domínguez Brito, alcanzan apartamentos, villas en Casa de Campo, casas, solares y fábricas de asfalto, como parte de una investigación que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en contra del legislador.

Las acciones reales fueron trabadas en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago y Nagua. Entre los bienes se encuentran 40 edificios de ocho apartamentos cada uno, una torre de 16 niveles y otra de 14.

En total, de acuerdo a publicaciones, la lista sobrepasa los 100 bienes inmuebles en distintas partes del país. Con el propósito de recuperar las propiedades, Bautista, senador por San Juan y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), interpuso por ante la Suprema Corte de Justicia (SJC) una solicitud de levantamiento de oposiciones.

En un escrito depositado por su abogado, Juan Antonio Delgado, pide a la SCJ librar acta de que el impetrante apodera a la presidencia del tribunal, a los fines de que designe, al amparo de las disposiciones establecidas en el artículo 379 del Código Procesal Penal, un juez de la Instrucción Especial.

El propósito es que conozca, como juez de control o de resolución de peticiones, sobre la solicitud de levantamiento de oposiciones trabadas -a su parecer- “de manera ilegal o inconstitucional contra numerosos inmuebles propiedad de la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L; en la cual el senador Félix Bautista es accionista, así como de terceros adquirientes”, añade la publicación.

El diario indica que mediante auto No.71-2014, el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, designó a Frank Soto Sánchez, como juez de la Instrucción Especial para conocer de la petición.

En marzo de este año, el también secretario de Organización del PLD intimó mediante acto de alguacil al procurador, con el propósito de que le comunique el contenido de las pruebas que conforman el expediente sobre el cual es llevada una investigación de acción penal pública en su contra.

El legislador y su abogado manifestaron su sorpresa por la citación de que fue objeto para ser interrogado, argumentando que son los mismos hechos relacionados con una investigación que hizo el Ministerio Público, y que culminó con el auto 03093, emitido por el director de la entonces DPCA, Hotoniel Bonilla, el 13 de agosto del 2012.