Si al aborto terapéuticos

"Esto no es un tema religioso, es un tema de Salud Publica"

Santo Domingo.- El gobierno le salio al frente este viernes a las opiniones de la Iglesias catolicas y Evangélicas de que se esta violando Constitución si se acogen las observaciones parciales hechas por el Poder Ejecutivo  al nuevo Código Penal para que se permita el aborto en los casos excepcionales peligro de la vida de la madre, cuando el embarazo sea producto de una violación sexual o incesto o cuyo feto presente malformación.

Hablando en rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, celebrada pasado el mediodía, el vocero de la Presidencia Roberto Rodríguez Marchena afirmó que el aborto no es un asunto religioso sino de salud.

“Para nosotros no es un asunto religioso. Nosotros respetamos las creencias religiosas de todos los dominicanos. Esto no es un tema religioso, este es un tema de salud pública y de conciencia de las mujeres dominicanas, de quienes apreciamos su capacidad de decidir”, dijo Rodríguez Marchena.

Recalcó que lo que está en juego es el derecho de la mujer a decidir, que es un también un derecho fundamental reconocido en convenios internacionales suscritos por el Estado dominicano y que ya es una realidad en la legislación de la mayoría de los países del mundo.

Sostuvo que la posición del presidente Danilo Medina no implica despenalizar la interrupción del embarazo sino que los legisladores reconozcan las tres excepciones señaladas en la observación.

Reitero lo que dijera ayer en su cuenta en Twitter:  que ninguna ley debe obligar a una mujer a parirle un hijo a un delincuente ni mucho menos, quietarle el derecho a un médico de salvar la vida de una madre que se encuentre en peligro. 

Rodríguez Marchena aseguró que Medina observó el proyecto de ley por “su gran sentido de humanidad” y su conciencia de que toda ley debe tener excepciones.

De promulgarse el Código Penal tal y como lo aprobaron los legisladores, añadió, serían perjudicadas las mujeres más pobres, debido a que las ricas que requieran un procedimiento por las razones citadas, siempre tendrán mayor posibilidad de acudir a centros privados.

Defendió  que el Gobierno solo busca que las mujeres tengan el derecho a decidir en determinadas circunstancia.

Relevó asimismo la necesidad de garantizar que luego de determinada la necesidad de interrumpir un embarazo, en el proceso intervenga el personal especializado del establecimiento de salud público o privado.

“Las leyes se hacen a partir de la realidad, no de los deseos de los ciudadanos. El presidente ha constatado una realidad a la que hay que darle respuesta”, dijo.

“Toda ley tiene su excepción, el presidente lo que le ha pedido a los legisladores que en el caso de la penalización de la interrupción del embarazo tomen en cuenta la realidad de las mujeres”, añadió.

Rodríguez Marchena dijo a los periodistas presentes en la rueda de prensa en el Palacio Nacional: “Yo les pregunto a ustedes, y al pueblo dominicano en general, ¿creen que toda mujer dominicana está dispuesta y se le puede exigir por ley que le para un hijo a un delincuente que la violó?”.

Acto seguido, respondió: “Eso (tener un hijo producto de una violación) es una decisión personal (de la mujer) que nosotros respetamos. Sea por motivos personales, por motivos religiosos o los que tenga a partir de su conciencia como mujer, tome usted la decisión”.

Sostuvo que una ley no puede condenar “a todas las mujeres, a todas, porque una ley tiene cumplimiento obligatorio”, a continuar con un embarazo cuando ya de antemano la ciencia médica le ha dicho que va a morir.

“Si usted por convicciones religiosas quiere continuar (con el embarazo) es una decisión suya”, dijo.