Adelaida Martínez R.
Tras el proceso electoral del pasado mes de mayo, analistas diagnosticaron que el sistema de partidos en República Dominicana está en crisis, tesis que reafirmaron tras la disputa de 21 mil aspirantes por 4 mil puestos, situación que no se daba desde 1994.
La Organización de Estados Americanos (OEA) tras haber realizado la observación del proceso y rendir el informe pertinente concluyó que “República Dominicana necesita realizar una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral”.
El equipo de la misión, encabezado por el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, consideró “urgente avanzar en el diseño” de la Ley de Partidos, subrayando la inequidad y la desventaja de los partidos minoritarios en el acceso a medios de comunicación y otros aspectos.
El organismo tomó en cuenta elementos como la compra de cédulas y votos, actividad proselitista dentro y fuera de los centros de votación, inequidad en la cuota femenina y los parámetros sobre el financiamiento de las campañas, para indicar que se hace urgente que se apruebe una Ley de Partidos que garantice equidad.
Otro de los aspectos que tomó en cuenta la OEA, fue el tema relacionado a los fondos para los partidos. En el país, el 80 % de los recursos públicos destinados a esos organismos se distribuye en partes iguales entre organismos políticos que obtuvieron más del 5% de los votos válidos emitidos en los últimos comicios, de acuerdo con la Ley Electoral.
¿Por qué a 16 años, aún no convierten en ley el proyecto?
Podría decirse que ya el proyecto es adolescente, tiene 16 años reposando en el Congreso Nacional, y de manera constante resurge y vuelve a ser reintroducido. Sectores públicos y privados han hecho hincapié en la urgencia de aprobarlo, entre ellos el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), entre otros.
La politóloga Rosario Espinal atribuye la responsabilidad que no se haya promulgado la ley el proyecto a los organismos políticos. Asegura que los mismos partidos lo han retrasado porque “no quieren ser controlados”.
“El problema con la Ley de Partidos es que “ni se ponen de acuerdo entre ellos ni dentro de un mismo organismo. Hay demasiadas diferencias y eso no se resuelve fácil, porque la clase política, no quiere ser controlada”, señaló Espinal durante una entrevista realizada en el programa En la Mira de Fidelity 94.1 FM.
La politóloga fue firme en sus aseveraciones “son ellos mismos (los partidos), los que no quieren ponerse normas, ni ataduras ni limitaciones”; defiende que la forma más fácil de no poner control es dando largas para que el proyecto no se convierta en ley y, añade que un elemento que lo retrasa, es la suma a la discusión de gente ajena a la política.
Para el politólogo Belarminio Ramírez, la norma no se ha aprobado porque se ha jugado a las coyunturas electorales. Asegura que la misma sería beneficiosa para el sistema de partidos, así como “para la sociedad, que necesita fortalecer su institucionalidad democrática”, precisa.
Sobre el tema, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación, Institucionalidad y Justicia (FINJUS), atribuye la tardanza en la aprobación de la Ley de Partidos responde a un fenómeno social producto de la resistencia al cambio.
Explica que en el devenir del tiempo, las agrupaciones políticas han sufrido una serie de transformaciones que le han impedido en muchas ocasiones tomar el contacto directo con la ciudadanía, convertirse así en instrumentos de cambio y fortalecimiento institucional.
“Como parte de esa dinámica propia se han ido constituyendo grupos de interés al interior de los partidos, que independientemente de los buenos deseos de alguno de sus miembros, han terminado convirtiendo al partido en ´un fin en sí mismo´. Esa es la razón principal que explica el largo tránsito de temas de 16 años para la adopción de una nueva Ley de Partidos”, es el parecer de Castaños Guzmán.
Para el abogado Pancho Álvarez, la dilación ha tardado porque el partido que tiene el control del Congreso Nacional “no ha querido sacrificar las ventajas que le da no estar regulado”.
En tanto que el diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Víctor (Ito) Bisonó, considera que la culpa del retraso de la aprobación de este proyecto, es de las cúpulas de los partidos mayoritarios que han tenido mayoría en el Congreso y, a quienes, “no les ha interesado ser regulados por la ley”.
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