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Surun acusa Defensoria Publica de competencia desleal 

Santo Domingo.- El presidente del Colegio de Abogados (CARD), Miguel Surun Hernández, acusó este martes a la Oficina Nacional de la Defensoría  Pública (ONDP) de realizar prácticas de competencia desleal en contra del ejercicio de la abogacía privada en materia penal.

Hernández explicó que mientras los abogados independientes utilizan togas de color negro, los acreditados en la defensoría pública “se visten con colores verdes y mangas verdes cuando el artículo 11 de la Ley 821 dice que todos los abogados deben vestir de negro y no debe ser modificado”.

Aseguró que la trama pertenece a un plan que ha establecido la directora de la Defensoría Pública, Laura Hernández, que ha sobrepasado los privilegios establecidos para los abogados públicos afectando a los privados en materia penal.

“La directora de la Defensoría Pública se ha limitado a decir que lo que decimos no es cierto, sin embargo, no ha explicado con qué fundamento legal están utilizando togas verdes”, comentó.

Consideró que es algo bastante grave ya que el 80% de los casos que llegan se quedan en manos de la Defensoría Pública del país mientras que los abogados privados no disfrutan de esos beneficios.

“Los defensores públicos tienen acceso a los tribunales, a lugares conflictivos, a las cárceles, a los imputados, se les acercan y les dicen que no contraten abogados privados”, reseñó.

Manifestó que es injusto que desde esa oficina se esté destruyendo el ejercicio de la abogacía en materia penal y exigió medidas equitativas que vayan en favor de ambas partes: “En vez de que los 700 casos que se le dan a los defensores, se les den 500 y los otros 200 se repartan entre los otros abogados en coordinación con el CARD”.

Continuó explicando que ya muchas personas influyentes y con dinero buscan a los defensores públicos para poder salir airosos en los procesos que se le sigue en su contra, ya que estos profesionales tienen ciertas preferencias del sistema judicial. Recordó que la ONDP es pagada por el Estado para que defienda a los dominicanos que se ven envueltos en un conflicto con las leyes, que no puedan pagar un abogado, pero su función ha sido desvirtuada en los últimos años.