SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), presentó formal sometimiento a la acción de la justicia, por ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra de varios funcionarios públicos por falta grave en el ejercicio de sus funciones, al incrementarse el salario y otros beneficios, en violación a la constitución de la república y a la ley general de salario, número 105-13.
El referido sometimiento fue depositado bajo la modalidad de recurso contencioso administrativo, en demanda en nulidad del incremento salarial y otros beneficios, incluyendo la devolución de todos los beneficios y dineros recibidos ilegal e inconstitucionalmente hasta la fecha.
La FJT fue enfática en la persona de sus abogados, Henry Adames y César Noboa, quienes reiteraron que la constitución establece la imposibilidad de aumentarse el salario y citamos: Artículo 140.- Regulación incremento remuneraciones. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley.
La instancia fue interpuesta en contra de los señores Rafael Aníbal Velazco Espaillat (ex superintendente y expresidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad; Diógenes Rodríguez Grullón, Aura Mireya Caraballo Castillo, miembro del consejo de la Superintendencia de Electricidad y Alejandro Eduardo Fernández Whipple (Superintendencia de Banco), Ramón Emilio Contreras Genao, Superintendencia de Pensiones, y Rafael Evaristo Santos Badia, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), entre otros.
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