Advierten proyectos mineros como en El Cachón requieren el permiso social y la comunidad lo negó

SANTO DOMINGO.- Varios expertos ambientalistas aseguraron que para la realización de cualquier proyecto minero en República Dominicana, como el caso de la grancera en el distrito municipal de El Cachón, provincia Barahona, se requiere del permiso social ambiental, que es el que otorga la comunidad y que está contemplado en la ley.

Así coinciden Luis Carvajal, director de la Comisión Ambiental de la UASD; Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD; y Maritza Ruiz, investigadora en término de industria extractiva.

Carvajal, quien además es miembro de la Academia de Ciencias, consideró que en el proyecto que se está planteando en El Cachón todavía no hay un permiso y que cualquier tipo de extracción que haya es irregular y constituye una violación que demanda la intervención de las autoridades.

“Ya la comunidad ha empezado a manifestarse, por lo tanto, es casi imposible que un proyecto minero en esa zona o cualquier sitio pueda conseguir el permiso de una sociedad que ya habló en voz alta, no nos confundamos ahí todavía no hay un permiso y va a ser muy difícil que lo haya, porque la comunidad no va a permitir que en esa zona se realice una explotación”, dijo el experto al referirse a las manifestaciones de comunitarios en rechazo a la instalación de una grancera en el distrito municipal de El Cachón, provincia Barahona.

Al respecto, Fernando Peña manifestó que lo que está pasando en El Cachón es una muestra de lo que pasa en ciertas áreas del país con el tema minero.

“El gran problema que está planteado es la irracionalidad con que el Gobierno aborda el tema de la industria minera y de todas las industrias extractivas, la minería no metálica y la metálica”, destacó.

Dijo que en esos proyectos mineros no se hacen consultas como lo estipula la ley y que las simulan, y ponen a los propios beneficiarios de las iniciativas mineras a hacer las consultas y las validan.

“En definitiva, lo que hay aquí es una no aplicación, un no cumplimiento de la ley, si aquí se cumpliera con rigor las exigencias que tiene la Ley de Medio Ambiente, aunque no haya una ley de consulta previa sobre el tema, seguro que no pasaran esas cosas, pues es que no sólo rechazan lo que es la actitud de la comunidad, sino que no la consultan y eso ha pasado no sólo en El Cachón, sino en todo el país”, destacó.