Fue una decisión razonable del Presidente Abinader no vetar el Código Penal y promulgarlo, a pesar de la postura pública de su esposa e hijas cuestionando la misma Ley.
La presidencia es un órgano ejecutivo, sus prerrogativas excepcionales en el ámbito legislativo no la despojan de su principal función, que se liga a la gestión de la cosa pública.
Vetar el Código luego de extender la legislatura y a sabiendas de que las causales de despenalización del aborto
habían sido dejadas fuera del proyecto por consenso previo, no era una jugada inteligente del presidente, como tampoco lo fue el cuestionamiento del presidente de la Cámara de Diputados que "reprochó" la postura que hicieron pública acerca del código las parientes del presidente Abinader, al juzgarlas bajo el crisol del partido y no bajo la cobertura de ciudadanas que ellas ostentan.
El Código no es una panacea, ni una llave mágica para resolver los entuertos de falta de valores que carcome a la sociedad dominicana, sin embargo, incorpora tipificaciones penales que llenan vacíos normativos, resuelve ambigüedadades dogmáticas en temas como la responsabilidad penal de las personas morales, el error de derecho, la complicidad, etc, que ayudarán al intérprete a construir una hermenéutica racional en esos campos.
El Código en varios aspectos se aleja de la realidad social dominicana, ha alterado parámetros en las escalas de penas, ha restringido derechos fundamentales más allá de los límites razonables y ha despenalizado a las instituciones públicas y a cabezas de órganos, lo que no parece compatible con el discurso constitucional de interdicción de la corrupción administrativa.
El Código se aprobó bajo presión, sin la debida reflexión, sin escuchar en las últimas tipificaciones incorporadas, a personas y entes que podían influir en la normativa; tampoco se le dio a los propios legisladores la oportunidad amplia de debatir, oponerse y plantear alternativas a las consensuadas por las comisiones técnicas y la Procuraduría General de la República, pasando por alto que los legisladores no actúan, no están atados a ningún mandato, que no sea el que proviene del pueblo al que representan.
Las disfunciones en la aprobación del Código no creo que vayan a crear un motivo de inconstitucionalidad formal como la ocurrida con la ley 550-14, empero, no dudo que antes de la entrada en vigencia del Código, se promuevan diferentes acciones de inconstitucionalidad de manera directa por ante el Tribunal Constitucional, órgano que puede expulsar del sistema normativo disposiciones del Código, sin afectar aquellas que satisfagan la Constitución.
La nulidad pronunciada en el 2015 fue formal, por eso todo el Código quedó fuera del sistema.
El País tendrá un nuevo Código Penal a partir del año que viene. El estudio detenido del nuevo instrumento jurídico por parte de los actores del sistema, su interpretación y aplicación a la luz de los casos concretos nos dirá que tan apropiado es a la realidad nacional.
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