El caso SENASA: un silencio que cuesta la confianza

 La noticia de un presunto fraude millonario en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que involucra a la Administradora de Riesgos de Salud SENASA, es un golpe directo a la fe pública y a la estabilidad de un sistema vital para millones de dominicanos. Si bien la Tesorería de la Seguridad Social ha depositado múltiples denuncias ante el Ministerio Público, identificando miles de registros fraudulentos y un perjuicio económico considerable, existe una pregunta que clama al cielo: ¿Por qué, hasta la fecha, no se reporta ningún sometido ni detenido directamente por este caso específico?

Este silencio en cuanto a responsabilidades individuales es preocupante. El fraude al sistema de salud no es un crimen sin rostro; detrás de cada peso desviado hay un beneficiario real que sufre por la escasez de recursos y la ineficiencia. Es un delito que no solo malversa fondos, sino que roba salud y tranquilidad a los ciudadanos.

La acción de la Tesorería de la Seguridad Social al depositar las denuncias es un paso necesario, pero es solo el inicio. La ciudadanía espera que el Ministerio Público no se conforme con las cifras, sino que persiga a los responsables con la misma contundencia que se aplica en otros casos de corrupción.

La percepción de que los fraudes a gran escala en instituciones estatales como SENASA quedan impunes o se diluyen en un largo proceso investigativo erosiona la credibilidad de las autoridades y fomenta un ciclo de permisividad. La lucha contra la corrupción se demuestra con resultados tangibles: imputaciones, arrestos y condenas.

Si el sistema identifica un fraude que supera los 60 millones de pesos, debe ser igualmente capaz de identificar y someter a quienes lo orquestaron, sean estos internos (empleados o funcionarios de SENASA) o externos. De lo contrario, la promesa de una justicia equitativa y la defensa del dinero del contribuyente se convierten en meras palabras.

El Ministerio Público tiene la palabra. La salud de la nación, y la confianza en sus instituciones, dependen de que este fraude no se quede sin castigo. Es hora de que el sistema de consecuencias funcione y se demuestre que, en la República Dominicana, nadie está por encima de la ley cuando se trata de desfalcar un servicio tan sensible como la salud.