El duplo de 92 millones sin culpables

Odebrecht devolverá al país 184 millones de dólares y será suspendida como proveedora del Estado 

SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció la tarde de este viernes que ha logrado un acuerdo con Odebrecht mediante el cual la constructora brasileña se compromete a resarcir al Estado dominicano con la suma de 184 millones de dólares, equivalente al duplo de los US$ 92 millones repartidos en sobornos a funcionarios, políticos y legisladores.

El funcionario judicial también dijo que el Ministerio Público ha conseguido que la Dirección General de Contrataciones Públicas disponga mediante resolución, la suspensión provisional del registro como proveedor estatal de la multinacional, para impedir que la misma pueda participar en cualquier licitación para futuras transacciones con el Estado dominicano.

Rodríguez ofreció las declaraciones en una rueda de prensa convocada de urgencia en la Procuraduría, en la que dijo que el resarcimiento económico se hace conforme con lo que establece la Ley 448-06 sobre soborno en comercio e inversión, en virtud del delito de soborno que la compañía confesara ante autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza.

“Este acuerdo económico con Odebrecht, y la inhabilitación de la empresa para poder contratar, no impedirá que sigamos investigando sin descanso y hasta sus últimas consecuencias. Caiga quien caiga. La investigación no termina con la inhabilitación ni terminará con una sanción económica a la empresa. Terminará cuando lleguemos hasta el último rincón para encontrar a quienes cometieron tales acciones criminales”, aclaró Rodríguez.

Enfatizó que previo al acuerdo, hizo hincapié al gerente local de Odebrecht sobre la obligación que tiene de colaborar con la investigación, dejándole claro que para el Ministerio Público “es inaceptable, pretender desconocer la confesión del delito de soborno que esa multinacional realizó en una corte de Nueva York.

Finalmente, Rodríguez pidió a la ciudadanía tener paciencia y comprensión, recordando que se trata de un tema complejo y que el Ministerio Público está en el deber de respetar el debido proceso y garantizar los derechos de los potenciales imputados, así como la responsabilidad de recabar las evidencias en las formas que establece la ley, con apego al rigor que toda investigación criminal conlleva, a fin de que el expediente se sostenga ante los tribunales.