Una caso histórico

Juez envía a prisión preventiva a la mayoría de los imputados por sobornos de Odebrecht 

SANTO DOMINGO.- El juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Antonio Ortega Polanco, dictó hoy medidas de coerción en contra de todos los imputados del caso de los sobornos de Odebrecht.

La medida más severa fue contra el empresario Ángel Rondón Rijo, quien deberá permanecer en la Penitenciaría de La Victoria por un año.

Asimismo, el abogado Conrado Pittaluga y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa deberán ser encerrados en la cárcel de Najayo por nueve meses, en tanto que el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, y el exdiputado Ruddy González también serán llevados a Najayo pero por seis meses.

El exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) Máximo D’Oleo y el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) César Sánchez fueron enviados a la cárcel de Najayo por tres meses.

A prisión domiciliaria fueron enviados el ex vicepresidente de la CDEEE Radhamés Segura y el ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez. (Sobre estos dos imputados se ha planteado problemas de salud).

Sobre los senadores Julio César Valentín (Santiago) y Tommy Galán (San Cristóbal), así como el diputado Alfredo Pacheco, el juez impuso una fianza de cinco millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público. (Los tres tienen inmunidad parlamentaria).

El juez dejó claro en el fallo que el Ministerio Público tiene ocho meses para concluir el proceso preparatorio y rechazó todos los incidentes planteados en audiencia por las barras de abogados defensores. También declaró "complejo" el caso, por lo que el Ministerio Público tiene más tiempo para hacer la investigación. Además, las partes tienen hasta 20 días para apelar la decisión. Con relación a Bernardo Castellanos se declaró su “desglose”, por no encontrarse en el país.

De acuerdo con el expediente de la Procuraduría General de la República, el grupo habría recibido sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht.