Según el expediente del Ministerio Público, el coronel de la Policía Nacional, Narciso Féliz Romero, encargado del Departamento de II de Intendencia de Armas de la Policía, llegó a recibir dinero en efectivo del interior de una mochila entregada por el cabo Rosario, que vendía municiones a través de un contacto en Haití.

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicita prisión preventiva contra el coronel Feliz Romero así como para los capitanes Nelson Valdez y Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, el cabo Juan Luis Díaz Medina, el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, Juan Miguel Soler Pérez, Morelbin Medina Pérez, el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, Marino Antonio Rodríguez Toribio, Miguelina Bello Segura; y la empresa Tactical Accesories RH, SRL por la sustracción de 900 mil municiones de la Intendencia de Armas.

El director de la PEPCA, Wilson Camacho, dijo ayer que el caso continúa en investigación, lo que podría implicar ajustes en las cifras y nuevos implicados.

“La investigada Yaquendry Shakira Segura Feliz adquirió de este otro investigado varias cajas de municiones de distintos calibres que le fueron enviadas a su prima, la imputada Miguelina Bello Segura, persona dedicada a la comercialización ilegal municiones y materiales relacionados en la provincia de Pedernales”, dice el expediente al que elCaribe tuvo acceso.

RD$5,000-6000, la caja municiones

“El exesposo de la imputada Bello Segura era un conocido comercializador de municiones en el mercado binacional de Pedernales, actividad comercial ilícita que ella en coordinación con miembros de la organización criminal objeto de la presente investigación ha continuado”, puntualiza.

En el expediente se enfatiza que Bello Segura recibió para comercializar decenas de cajas de municiones de distintos calibres y los vendía en un precio que oscila entre RD$5,200 y RD$6,000.

“Destacándose que ésta se dedica a venderlos clandestinamente a nacionales haitianos, quienes la utilizan comúnmente en actividades criminales”, puntualiza la autoridad respecto a los implicados en la red a los que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional les conocerá la solicitud de prisión preventiva el 25 de noviembre, luego de haber acogido el pedimento de aplazamiento hecho por las defensas de los implicados.

Refiere que el coronel Féliz Romero, quien desde noviembre de 2023 desempeñó las funciones de intendente, utilizó posición para desarrollar las acciones delictuosas de sustracción, venta y comercialización de municiones y accesorios que se encontraban bajo su control y custodia, utilizando a los miembros Nelson Valdez, Jorge Zorrilla, Héctor Acevedo y Morelbin Medina.

En el expediente se relata que a sabiendas de los resultados de la relación de existencia de municiones en los depósitos de la Intendencia de Armas realizado en el mes de octubre de 2024, se encargó conjuntamente con el Capitán Valdez, de que no se hiciera el reporte de las municiones faltante.

Colocaban cajas falsas para encubrir, dice el MP

La PEPCA señala que el 24 de octubre de este año, ante la realización de la auditoría que reveló un faltante de 908,001 municiones de diferentes calibres, el coronel Feliz y el capitán Santos, emitieron instrucciones al personal involucrado de que se realizaran movimientos para encubrir la falta de las municiones, ya que las mismas iban a ser contadas.

“Además de decidir realizar unos activos falsos con las cajas de los cartuchos camuflados, dentro de las cajas de municiones 5.56 mm, instruyó que se buscaran proyectiles de este mismo tipo, del depósito del polígono de la sede policial, para rellenar los faltantes, participando el mismo oficial en estos movimientos para aparentar que las municiones estaban allí”, enfatiza el MP en el expediente.

Describe que el coronel se auto asignó un fusil, el cual posteriormente comercializaba a través de WhatsApp, al igual que municiones.

“Se obtuvo la imagen del referido fusil que era promocionado para fines de venta por el Raso Ángel Rubiel Martínez Bacilio (a) Escobar, P.N., quien se lo ofreció en venta al Cabo Melvin Manuel Sierra Gil, P.N. como se puede apreciar en una conversación por mensajería WhatsApp sostenida el 19 de septiembre de 2024”, a un precio de 195 mil pesos, se cita en el texto.

 Cabral.- Una tubería que ha sido colocada en el sector del Barrio Abajo, del municipio de Cabral, provincia Barahona, no deja un rato tranquilos a sus residentes.

Quienes viven en ese barrio cabraleño denuncia el «hedor nauseabundo» emanado de las aguas residuales de ese conducto colocada en una de las aceras de la calle San Andrés de forma incorrecta violando toda norma de salubridad.

Paradójicamente la tubería fue colocada en la acera desde la residencia de la familia de la doctora Esmilkin Urbáez, esposa del exalcalde Rafael Ferreras (pepe), provocando momentos incómodo a residentes de referido sector.

Por iniciativa de los comunitarios conversaron con los propietarios de la residencia, pero estos insisten en mantener esa tubería, sin importar los daños ambientales a la salud que pudiera provocar en las personas, así como a la incomodidad de los vecinos.

“Hemos conversado en más de una ocasión con los propietarios de esa residencia para que corrijan esa situación, pero han hecho caso omiso, lo que ha provocado que hagamos una denuncia formal ante el síndico Rolbin Urbaez“, dicen.

Aseguran que el mal olor es «insoportable», las cuales causan, además, aglomeración de residuos como espagueti, habichuelas, arroz lo que podría desatar un foco de contaminación, un brote de mosquitos y afectaciones en la salud de quienes viven en el lugar.

Matos Segura, quien era, también un líder nacional de las Juntas de Regantes, falleció en su comunidad de Jaquimeyes, al ser impactado el vehículo en el que se transportaba por el conductor de una patana, según informes obtenidos.

El siniestro vial en el que perdió la vida el también dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), según versiones se le explotó un neumático del vehículo y perdió el control impactando a la patana, la cual quedó a un lado de la carretera tras el choque.

El conductor de la patana, cuya identidad no ha sido divulgada se encuentra detenido en la sede de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional y en las próximas horas se le estaría conociendo medida de coerción, dijo una fuente de la Digesett a #LaLupadelSur.

Imágenes de la forma en la que quedó el vehículo en el que se transportaba el dirigente de las Junta de Regantes, quedó completamente destruido, incluso hubo que romper las puertas para poder sacar su cadáver.

“Este gobierno está descarrilado, está en un desacierto continuo, que está afectando la institucionalidad democrática del pueblo dominicano”, expresó Fernández durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la FP.

CRISIS POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

Alegó que hay una crisis política y administrativa que ha desbordado los límites del partido oficialista y ahora impacta directamente al Estado de Derecho.

Fernández dijo que un ejemplo de esta situación es el conflicto político en La Vega, donde -según dijo- las acciones del PRM reflejan falta de respeto a la Constitución y a la voluntad popular.

“Ellos ganan las elecciones en La Vega, ganaron el alcalde de La Vega, pero tienen sus conflictos internos ya de aspirantes presidenciales, y quieren que el alcalde, que ganó en La Vega, pase a ser ministro. Pero el que pasa a ser ministro, el líder político de ese sector, quiere que le nombren de alcalde a uno suyo. O sea, quiere las dos cosas: quiere la cartera y quiere el alcalde. Otros se rebelan internamente”, comentó.

Opinó que las presiones políticas llevaron a la renuncia de la vicealcaldesa de La Vega, quien pertenecía a un partido aliado al gobierno, creando un vacío de poder, en una situación cuyo manejo constituye una violación a los preceptos constitucionales.

“Si renunció el alcalde y renunció la vicealcaldesa, hay un vacío. ¿Qué es lo que hay que hacer? Elecciones, lógico. Pero ellos no quieren hacer elecciones”, declaró.

El cabildo de La Vega, luego de aceptar la renuncia de la vicealcaldesa, se reunió y revocó la renuncia, al tiempo que nombró un vicealcalde.

FP PRESENTÓ ACCIÓN DE NULIDAD

La Fuerza del Pueblo dice que presentó una acción de nulidad ante el Tribunal Superior Administrativo para revertir lo que considera un acto ilegal.

Fernández alegó que este no es  un caso aislado sino un reflejo de una crisis que afecta a todo el país.

“El tema no es de La Vega, el tema es nacional, es la República Dominicana, y lo que estamos viendo es que se está violentando el Estado de Derecho”, subrayó.

Los arrestados son el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler.

También, fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino ntonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.

Además, se encuentran bajo arresto el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez y Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal, según el Ministerio Público, que pedirá medida de coerción contra los acusados.

De acuerdo con el Ministerio Público, el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, «acción que fue rápidamente detectada por los investigadores».

La investigación permitió el decomiso de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, «consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción», agregó la nota.

La investigación que condujo a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la uniformada.

En el operativo participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y más de 40 fiscales que llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.

Se desconoce la identidad del occiso, ya que, al momento del hallazgo no portaba documentos de identidad.

El cadáver del extranjero fue levantado por el médico legista Mayorís Rivas, quien informó que fueron conducidas al Departamento de La Policía Nacional de aquí, dos personas, incluyendo la supuesta pareja del occiso y un vecino, para que ofrezcan informaciones que pudieran contribuir con el esclarecimiento del caso.

Al lugar de los hechos, se presentaron decenas de curiosos y las autoridades correspondientes, quienes por momento no ofrecieron detalles sobre la persona que aparentemente llevaba alrededor de una semana fallecida.

Estos bienes incautados por aplicación de la Ley 60-23, sobre administración de Bienes Secuestrados, Incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de Extinción de Dominio, promulgada hace apenas un años, incluyen 58 apartamentos, 18 casas, un edificio, 10 fincas, un hotel y 6 inmuebles.

También, 25 locales comerciales, 19 solares, 4 terrenos, una villa y 238 vehículos que incluyen marcas de alta gama como Lamborghini, BMW y Mercedes Benz, informó la Procuraduría General de la República en un documento de prensa.

En el acto que contó con la presencia del ministro de Hacienda, Jochy Vicente, y la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, la magistrada Germán, dijo que la entrega de esos bienes “es una demostración tangible del compromiso del Ministerio Público con la persecución efectiva”.

También con la política de que no es suficiente “lograr sanciones cuando se acredita culpabilidad, sino que hay que decomisar el producto de las acciones criminales, es decir, los activos”, señaló.

Así lo da a conocer el director regional de Asuro y del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Elson Andrés Peña Medina, a través de un comunicado de prensa.

Según el comunicado la suspensión del servicio se debe a mantenimiento y desinfección a la planta de tratamiento de agua, tanques y redes.

«Con esto se mejoran los caudales, tiempo en el llenado de los tanques y en la calidad del servicio», indica el comunicado de Inapa y Asuro, firmado por el ingeniero Peña Medina.

En ese sentido, la entidad invita a la población de las citadas tres provincias a reservar agua para las fecha y horarios indicados para la realización de sus respectivas tareas domésticas.

De igual modo, agradece a la comunidad por su comprensión y, asimismo, lamenta los inconvenientes que esta justificada medida pudiera causarles, por lo que el ingeniero Peña Medina reitera el llamado a abastecerse de agua para el período antes señalado

En el operativo de la DNCD resultaron apresadas dos personas, cuyas identidades aún no se ha dado a conocer. Además de la droga, las autoridades incautaron 17 garrafones, de los cuales 5 son de color negro y el resto azul, dos motores marca Yamaha, una lancha de unos 27  pies, de color gris.

El operativo se realizó este jueves en la Isla Cabo Rojo. La embarcación y la droga se encuentra en posesión de las autoridades en el mueble de la Armada, en la base de Caldera, en Baní, Provincia Peravia.

Navarrete.- Dirigentes y simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) impidieron este jueves, por segundo día consecutivo, la docencia en la escuela Claridilia Cepin, en el municipio Navarrete, provincia Santiago, en rechazo al nombramiento de una persona como directora del distrito educativo O8-07 porque no forma parte del partido oficialista.

Los activistas cerraron con candado la puerta de acceso al plantel como forma de protesta, para que en lugar de Denise Estefany Molina Genaro sea colocado un militante del PRM.

Mensajes de los militantes

Los perremeístas también pegaron letreros en el portón con mensajes alusivos a su demanda. "No queremos a Denise", "El PRM tiene maestros", dicen los carteles.

Un total de 516 alumnos están perdiendo docencia debido al conflicto partidario, por lo que la directora de la escuela, Greisy Ortiz, expresó su preocupación.

Dijo que tanto los maestros como el personal de apoyo han tenido que devolver a los niños a sus hogares ante la imposibilidad que tienen de entrar al recinto.

La educadora informó que convocó a los miembros de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) para tratar el tema.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Educación no se han pronunciado sobre el conflicto que mantiene paralizada la docencia en la escuela Claridilia Cepin.

Entre los reclamantes se encuentran Santos Féliz Peña, exdirector de la Policía Municipal, Camel Féliz, exencargado administrativo de la funeraria municipal, y Jorge Cuevas, exencargado de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

Féliz Peña dijo que según lo establece la Ley 41-08 de la Administración Pública, los exempleados tienen derecho a recibir sus prestaciones labores

Por su parte, Camel Féliz destacó la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos en reuniones anteriores y sugirió que, al menos, se realice un pago gradual, dada la acumulación de recursos en la actual administración.

Además, destacó que ni siquiera se ha pagado su salario correspondiente al mes de julio cuando fue desvinculado de la alcaldía.

“Los exempleados de esta alcaldía tenemos derecho al pago de nuestras prestaciones, por lo que esperamos una pronta respuesta de las autoridades municipales”, expresò Camel Fèliz.

Agentes policiales se mantuvieron en el lugar pero en ningún momento intervinieron debido a que los reclamantes de sus prestaciones no alteraron el orden público.

Se recuerda que el pasado 29 de agosto un grupo de exempleados hicieron un piquete frente a la alcaldía, sin que hasta ahora las autoridades de la alcaldía hayan tomado una decisión al respecto.

Otros exempleados informaron que no descartan nuevas protestas y que contemplan someter a la alcalde al alcalde por no hacerle efectivo el pago del dinero correspondiente a sus prestaciones laborales.

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Enmienda a contrato

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Modificación de crédito

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.